DENUNCIA PÚBLICA - A QUIEN PUEDA INTERESAR




Por medio de la presente yo, CARLA DELASCIO, quiero hacer de conocimiento público la situación legal-profesional en la cual Abogados inescrupulosos han intentado involucrarme.

Es el caso que en el año 2005 presté mis servicios profesionales como Abogado para la Sociedad Civil ARVELO & FERNÁNDEZ, ABOGADOS, domiciliada en la ciudad de Caracas, constituida por documento inscrito ante el Registro Subalterno del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Estado Miranda, en fecha 13 de febrero de 2003, quedando anotada bajo el Nº 15, Tomo 8, Protocolo Primero, representada por los Abogados HÉCTOR FERNANDEZ VÁSQUEZ y ROQUEFÉLIX ARVELO VILLAMIZAR, ambos de nacionalidad venezolana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Caracas y titulares de las Cédulas de Identidad N° V-11.232.690 y V-11.028.829, iniciándose así la relación laboral entre ambas partes.

Al transcurrir un lapso de aproximadamente seis meses, luego de observar una serie de actos que a mi parecer no eran profesionalmente éticos, específicamente, el día 9 de noviembre de 2005, decidí dar fin a la mencionada relación laboral, presentando la correspondiente “carta de renuncia”, firmada en señal de conformidad por Roquefélix Arvelo Villamizar.

Tales hechos han sido igualmente narrados en el libelo de demanda que con el objeto de hacer valer nuestros derechos laborales adquiridos, presenté conjuntamente con una ex-compañera de trabajo, ante el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en el año 2006, cuyo número de expediente o asunto es AP21-L-2006-000631, en virtud del cual nos fue honrado el pago del pasivo laboral del cual éramos acreedoras, el cual nos había sido previamente negado por los miembros y representantes de la mencionada Sociedad Civil  ARVELO & FERNÁNDEZ, ABOGADOS.

Es el caso, que desde hace unos meses me he percatado que mi nombre y número bajo el cual me encuentro inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado, están siendo ilegalmente utilizados por los representantes de la ya idetificada Sociedad Civil, en fechas posteriores a la cual culminó nuestra relación laboral.

Verbi Gracia los siguientes casos:

·         Casos judiciales en los cuales ha estado involucrada AGROPECUARIA CUATRO VIENTOS, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 03 de diciembre de 1993, bajo el Nº 40, Tomo 10-A, en los cuales tengo el carácter de Apoderada Judicial, destacando que el inicio del caso fue el 21 de noviembre de 2005.
·        Demanda ventilada en el año 2012 contra RAFAEL LAPLANA MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-4.349.326, en tengo el carácter de Apoderada Judicial.
·         Demanda intentada por el ciudadano VÍCTOR MANUELA MADRID, titular de la Cédula de Identidad N° V-2.144.717, en el año 2006, en la cual tengo el carácter de Apoderada.
·      Caso año 2007, en el cual fue demandada la UNIDAD RESTAURADORA ESTÉTICA E IMPLANTES TLM, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 29 de noviembre de 2002, bajo el Nro. 29, Tomo 726-AQTO y el ciudadano RAFAEL LAPLANA MARTINEZ, titular de la Cédula de Identidad Nº 4.349.326, en el cual tengo carácter de Apoderada.

Quiero dejar claramente establecido a través del presente comunicado que una vez presentada mi carta de renuncia, no he tenido contacto alguno, ni personal y mucho menos profesional con la Sociedad Civil ARVELO & FERNÁNDEZ, ABOGADOS, ni con ninguno de sus miembros, así como tampoco he prestado mis servicios profesionales para alguno de sus clientes; por lo tanto, quiero aclarar que en ningún momento luego de mi renuncia, he estado involucrada en algún tipo de acto o documento en el cual ellos o sus clientes se encuentran involucrados, y si usted lector,  tiene o ha tenido conocimiento de alguno, le agradezco me informe al respecto.

Quiero concluir expresando, que como persona y profesional soy totalmente integra y me manejo bajo los más altos estándares éticos, y es bastante probable que tanto en los casos señalados con anterioridad, así como en muchos otros que cursan o han cursado en autos, mi firma haya sido falsificada, acto que constituye un delito.

Carla Delascio
Abogado




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